Una cuestión de justicia

En ocasiones, el precepto de que la ley es igual para todos no es una garantía de justicia. Es el caso de la España rural.

Ruralizar las leyes

La legislación, en todas las áreas, suele hacerse pensando en los núcleos urbanos, simplemente porque en ellos vive más gente. Pero esa legislación ‘urbanocentrista’ puede ser lesiva al aplicarse en los territorios poco poblados.

Rural Proofing es una expresión inglesa (en este caso con razón, porque Reino Unido e Irlanda fueron los primeros en ponerla en práctica) que en español, en una traducción no demasiado directa, pero muy correcta, recibe el nombre de Mecanismo Rural de Garantía.

Ese mecanismo, que está impulsando ahora la propia Unión Europea, puede explicarse muy sencillamente. Es absolutamente necesario evaluar el impacto que puede tener en el medio rural toda ley que aprueben los órganos legislativos de los Estados, en especial aquellos en los que el problema de la despoblación sea más acuciante.

Hay que legislar para las ciudades, por supuesto, pero también para los pueblos: una mala legislación, una legislación que no tenga en cuenta esa visión rural puede dar al traste con cualquier política que se haga en torno al reto demográfico.

Una cuestión de justicia

El Mecanismo Rural de Garantía se antoja, pues, como una herramienta esencial para frenar la despoblación y repoblar las áreas rurales de España.

El G100, el grupo de cincuenta mujeres y cincuenta hombres que hace unos años diseñó la nueva ruralidad, se renueva ahora por completo para afrontar un reto mayúsculo: la creación de un mecanismo para la revisión de la legislación, las políticas sectoriales y económicas desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades, con el fin último de promover los cambios que contribuyan a la repoblación rural, garantizando que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular la normativa, las políticas y elaborar los presupuestos.

Divididos en quince áreas estratégicas, personas expertas en todos lesos ámbitos, trabajarán durante los próximos meses para ‘ruralizar’ las leyes actuales y dar pautas sobre las venideras.

En pocas palabras:

Hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos. En este caso, que las leyes no sean iguales para todos es una cuestión de justicia, de cohesión territorial y social, y de progreso.